Por:
Johan Ticora.
Ayer fue un día decisivo para el país
en materia de derechos y reconocimiento, el señor José Roberto Herrera, conjuez
de la Corte Constitucional, decidió si parejas homosexuales podrían adoptar o
no; pero conociendo la procedencia ideológica de don Roberto, ya se veía un
poco difícil la posibilidad de una decisión favorable para la comunidad gay
colombiana.
En una entrevista al noticiero de La
F.m. el conjuez había dicho que tomaría una decisión con “gran responsabilidad”
y que solo Dios sabe porque quedó en él una decisión tan importante para el
país. Por un momento quise tener fe en su respuesta y creí que diría que solo
en la constitución está la solución al acertijo.
¡No nos digamos mentiras! Más allá del
escenario político que no pierde escape de donde están las mal llamadas
“minorías”, más allá de los derechos a la igualdad y a tener una familia, que reclaman la comunidad gay y, que la misma constitución apela. Al Estado
colombiano le convenía una decisión a favor de la adopción igualitaria. Si la
demanda es mayor, la responsabilidad del Estado es menor.
Según datos de la Encuesta Nacional de
Demografía y Salud (ENDS, 2010), el 7 por ciento de los niños y niñas menores
de 15 años no viven con ninguno de los dos padres. ¿Cuántos de esos niños están
a cargo del ICBF? De acuerdo con las cifras del ICBF hasta el 31 de diciembre de
2012 existían 7.977 niños, niñas y adolescentes a cargo de la institución.
Teniendo en cuenta que la cifra posiblemente ha aumentado, al Estado Colombiano
le conviene ahorrarse esa “platica” y dejarles la obligación a más familias que
deseen adoptar.
¡Ojo! No estoy diciendo que por
ahorrarle gastos al Estado, la custodia de los niños y niñas se le deba dejar
al primer aparecido, porque está bien constituido que sus derechos son
prioridad. Aquí lo realmente importante es que esa familia con deseos de adoptar
tenga solvencia moral y económica, sea una familia homoparental o la conformada
por un hombre y una mujer.
Ahora yo me pregunto, ¿cuántas parejas
homosexuales en Colombia tienen esa solvencia moral y económica? ¿Por qué no
darles también esa responsabilidad de aportar a la crianza y educación de un
niño o niña sin que lo hayan concebido de forma natural? ¿Acaso una familia
homoparental no puede transmitir una herencia o conocimiento a sus hijos? Si
bien el estado colombiano analiza esa situación, se aprovecharía de cierta
forma para el beneficio de la niñez, el dinero y el aporte moral e intelectual
de un homosexual y su pareja.
Por otra parte, el padre Pedro Mercado,
secretario de la EpiscopalColombiana para las Relaciones con el Estado, se pronunció
en nombre de la iglesia en una entrevista que dio al periódico El Tiempo, en
donde afirmó que en caso de darse una sentencia favorable para la comunidad
gay, la iglesia entraría a revisar detenidamente la actual colaboración que
mantiene con el estado en procesos de adopción.
En palabras con menos eufemismo, la iglesia hubiera
terminado con la colaboración en materia de adopción. Pero no es un secreto que
muchos niños y niñas pierden a diario la posibilidad de tener un hogar digno
porque es poca la respuesta de familias heterosexuales con conciencia adoptiva,
y por más esfuerzos que se hagan, si no hay demanda, la oferta se ve afectada.
